Los organismos responsables de administrar el agua en Chihuahua vuelven a estar bajo la lupa. La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) y las autoridades estatales enfrentan fuertes cuestionamientos por la falta de información pública sobre un presunto convenio con una empresa de origen israelí para participar en proyectos de gestión hídrica.
Mientras miles de familias siguen padeciendo cortes en el suministro y la sequía continúa agravándose, la exigencia ciudadana es clara: ¿por qué el Gobierno del Estado mantiene en la opacidad un tema tan delicado como el manejo del agua?
Las críticas señalan que, si efectivamente existe dicho convenio, los responsables debieron garantizar que todo el procedimiento se realizara con absoluta transparencia, permitiendo la supervisión de las autoridades competentes y dando a conocer los alcances del proyecto antes de comprometer un recurso estratégico para Chihuahua.
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Sin embargo, ciudadanos que han buscado información aseguran que en los portales oficiales de transparencia de la JCAS no es posible localizar documentación suficiente que explique el contenido del acuerdo, las obligaciones de la empresa participante, los mecanismos de vigilancia ni las garantías para proteger el patrimonio hídrico del estado.
Para muchos, esta falta de información representa una grave irresponsabilidad por parte de los organismos encargados del agua. En un contexto de crisis hídrica, cualquier decisión tomada sin claridad alimenta la desconfianza y abre la puerta a dudas sobre quién vigila realmente el uso del recurso.
Las preocupaciones también aumentan por los antecedentes que, según diversas publicaciones y opiniones difundidas en redes sociales, se atribuyen a empresas privadas que han participado en proyectos similares en otros países. Estos señalamientos han llevado a exigir que el Gobierno del Estado explique por qué eligió este modelo y cuáles fueron los criterios técnicos utilizados para tomar esa decisión.
Lo que más ha generado indignación es que, hasta ahora, las autoridades estatales no han ofrecido una explicación detallada que permita disipar las dudas. En lugar de transparencia, persisten el silencio y la incertidumbre sobre un recurso indispensable para millones de chihuahuenses.